El desarrollo español estuvo condicionado por diversas decisiones de tipo económico, privadas y públicas, que tuvieron como resultado el retraso del país en relación con la mayoría de las naciones europeas. Durante las cuatro primeras décadas del siglo XIX el desarrollo español quedó paralizado por las pérdidas económicas y humanas de la guerra de Independencia, la guerra carlista y la pérdida de las colonias, lo que supuso una importante falta de capitales que influyó a la hora de modernizar las comunicaciones o intentar el despegue de la revolución industrial.
AGRICULTURA
Durante los primeros sesenta años del siglo el principal problema de la agricultura española era el desigual reparto de la propiedad. El programa político liberal pretendía reorganizar la propiedad agraria y liberalizar el suelo y la mano de obra. Para ello desarrollaron medidas como la desamortización eclesiástica y civil, libertad de salarios y contratación y el fin de los gremios, la supresión del diezmo, el cercamiento de propiedades y la libertad de arrendamientos. Estas medidas suponen un incremento de la superficie cultivada entre 1837 y 1860, lo que origina una mayor productividad y permite abastecer al mercado nacional gracias también a una mejor articulación del transporte. Durante la Restauración (a partir de 1874) las características de la agricultura siguen siendo las mismas, aunque se produce un descenso del cultivo del trigo y el aumento de la exportación de vino La ausencia de inversión de capital en el campo provocaba unos rendimientos agrícolas más bajos que la media de los países de nuestro entorno.
La propiedad de la tierra era el principal problema para los liberales, que pretendían resolver mediante las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Desamortizar era nacionalizar los bienes de la Iglesia o de los municipios para luego ser vendidos en pública subasta. Los ingresos de estas ventas iban dirigidos al saneamiento de la Hacienda pública. Se pueden distinguir tres grandes etapas en la legislación desamortizadora del siglo XIX:
• La primera etapa se produjo en el cambio de siglo. Empezó con Godoy en 1798 y afectó a bienes de la Iglesia, con un resultado positivo para la Hacienda real. Le siguieron las adoptadas por José I en 1809 sobre bienes del clero regular y de la aristocracia que se resistió a la invasión francesa. Las Cortes de Cádiz aprobaron un decreto general de desamortización en septiembre de 1813 que apenas pudo ponerse en práctica, hubo que esperar a 1820 para su aplicación.
• La segunda etapa comenzó con las leyes desamortizadoras del ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal en 1836-1837 y normas posteriores. Se prolongó hasta 1844, cuando su aplicación quedó paralizada por el gobierno moderado de Narváez. La desamortización de Mendizábal afectó principalmente a los bienes del clero regular (conventos y monasterios) y, desde 1841, también a los del clero secular. El doble objetivo de esta operación era sanear la Hacienda pública, así como crear «una copiosa familia de propietarios», como decía el decreto. Entre 1836 y 1844 se vendieron tierras y casas por valor de 3.447 millones de reales, que representaban el 60% de los bienes de la Iglesia en España en 1836.
• La tercera etapa de este proceso tuvo lugar en 1855 con la ley de desamortización general, obra del ministro de Hacienda Pascual Madoz. Por esa razón, se la conoce como «ley Madoz». Afectó tanto a los bienes de la Iglesia como de municipios y comunales. La venta de estos bienes nacionalizados se prolongó hasta la etapa de la Restauración, pero la mayor parte se vendieron entre 1855 y 1867 por valor de 4.900 millones de reales.
Las consecuencias de este gran proceso de nacionalización y venta en sus diversas fases fueron de diversos tipo:
• Incrementó el número de grandes terratenientes. Los compradores fueron gente adinerada procedente de la vieja aristocracia y burgueses enriquecidos por los negocios.
• Permitió poner en cultivo gran cantidad de tierras abandonadas.
• Los grandes perdedores fueron los campesinos, la Iglesia y los municipios. Los campesinos pasaron a pagar rentas más elevadas por las tierras para su cultivo. La Iglesia perdió gran parte de su patrimonio . Por último, los municipios perdieron su principal fuente de ingresos, al privatizar los bienes de propios, baldíos y comunales. Todo ello ayuda a explicar el apoyo que la causa carlista recibió del mundo rural y campesino (ya que prometía la vuelta al Antiguo Régimen agrícola y la anulación de las desamortizaciones). Esta masiva operación de venta de tierras afectó a la producción agrícola, ya que se calcula que cambiaron de dueño más de 10 millones de hectáreas, la mitad del territorio cultivable.
El paso de las manos muertas (Iglesia, municipios) a los propietarios particulares debería haber potenciado el crecimiento, pero todo parece indicar que no fue así. Podemos concluir, pues, que el estancamiento de la agricultura fue una de las causas básicas del atraso de la economía española durante este siglo.
INDUSTRIA
La industrialización en la España del siglo XIX ha sido calificada de «fracaso», solo Cataluña, y dentro de ella Barcelona, alcanzó un nivel de desarrollo de la industria equiparable a otras regiones de Europa. España era a fines del siglo XIX un país eminentemente agrario. El algodón y el hierro fueron los dos sectores que iniciaron la industrialización en España.
El camino hacia la industrialización fue iniciado por el textil, especialmente el algodón. Cataluña fue el centro de esta actividad fabril. Las razones de este avance se explican por el dinamismo económico iniciado ya en el siglo XVIII, la floreciente actividad comercial con América, la abundancia de mano de obra, la mentalidad empresarial y la ayuda del proteccionismo, que alejó durante buena parte del siglo la competencia de los textiles ingleses. La guerra de Sucesión estadounidense provocó la falta de materia prima y la contracción del mercado textil catalán. A partir de 1868 se produjo un período de recuperación, hubo un modesto aumento de la demanda favorecida por el reforzamiento del monopolio mercantil que España impuso a sus colonias en el Caribe: Cuba y Puerto Rico. La independencia de estas islas en 1898 tuvo efectos demoledores sobre esta industria, que permaneció estancada durante las primeras décadas del siglo XX.
El resto de los sectores textiles lo conformaban la industria lanera tradicional se centraba en Castilla y León. Pero la nueva industria mecanizada se ubicó en Tarrasa y Sabadell. La industria de la seda tenía una larga tradición en Valencia, Murcia y Granada. Por último, la tradicional industria del lino, centrada en Galicia, no supo adaptarse a las nuevas técnicas y los nuevos tiempos, y acabó por extinguirse en el XIX.
Minería y siderúrgica. Hacia 1860 se establecen en Asturias y el País Vasco núcleos siderometalúrgicos importantes. La minería se reglamenta entre 1839 y 1855, y se constituye en sociedades dominadas por capitales ingleses. En 1844 se crea la Asturiana Mining Company, que instala en Mieres en primer alto horno de hulla. En la cornisa cantábrica surgen dos grandes entidades financieras que tendrán un gran protagonismo en la economía del siglo XX, Banco de Santander y el Banco de Bilbao. La siderurgia española estuvo muy supeditada a las materias primas necesarias para su desarrollo: mineral de hierro y carbón. La explotación minera, por tanto, condicionó la expansión de la industria siderúrgica. A pesar de la riqueza de yacimientos, la minería española se mantuvo estancada durante casi todo el XIX por varias razones: la ausencia de demanda por el atraso económico, la falta de capitales y de tecnología para su explotación, la excesiva intervención del Estado, que frenaba la inversión extranjera. La legislación que se inició en 1868 dio un mayor dinamismo al sector. La Ley de Bases sobre Minas de ese año y otras posteriores favorecieron el auge de la minería, coincidente con una expansión de la demanda por la construcción ferroviaria. Esa expansión se produjo con la ayuda de la inversión extranjera, pues a partir de 1871 se fundaron más de veinte empresas británicas dedicadas a la explotación del hierro vizcaíno, cántabro o andaluz. España era a fines de siglo el principal exportador de mineral de hierro de toda Europa, mientras que su producción siderúrgica era de las más bajas. El hierro representaba el 60 % de las explotaciones mineras, seguido de lejos por el plomo, el cobre y el mercurio.
Aun así, la exportación minera sirvió para desarrollar la siderurgia vasca, concentrada en la ría de Bilbao desde el último cuarto del siglo XIX. A partir de 1871 se produjo la gran expansión de la siderurgia vizcaína, con la creación de varias empresas, entre las que destacó la sociedad anónima Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero, que, al fusionarse en 1902 con otras dos grandes compañías, formaron los Altos Hornos de Vizcaya. La tecnificación del proceso (instalación de los primeros convertidores de hierro en acero Bessemer en 1884) permitió un crecimiento de la producción, pero muy lejos de los niveles de otros países europeos. Ese atraso relativo se explica por la libertad de importación que estableció la ley de ferrocarriles de 1855, a lo que debe sumarse la reducida demanda interna, el atraso técnico y la escasez de carbón, que se tenía que importar. Otras zonas industriales y mineras españolas son los núcleos mineros de plomo de Sierra Morena y Cartagena, de cobre de Río Tinto en Huelva o de mercurio en Almadén.
TRANSPORTE
Las primeras obras de reforma del trazado de carreteras comenzaron en 1840, lo que permitió mejorar la red viaria, aunque no de forma suficiente. Si en 1840 había 9.000 km de carreteras, hacia 1865 habían pasado a 16.000 y a fin de siglo se habían elevado a 36.000.
También mejoró durante el XIX el transporte marítimo, mediante tres cambios fundamentales: la mejora y ampliación de los puertos. En cuanto al transporte ferroviario en 1844 una real orden iniciaba el primer proyecto ferroviario, que se inauguró en 1848 con la línea Barcelona-Mataró. Pero esta real orden dio lugar a la construcción de líneas cortas, poco rentables en medio de una especulación creciente, y decidió un ancho de vía superior al de los países de nuestro entorno (1,67 m frente a 1,52 m), por razones técnicas de adaptación a un territorio montañoso, cuyas consecuencias se arrastran hasta hoy. Se optó, además, por un trazado radial, más por razones de rentabilidad económica que por cuestiones políticas. En la etapa del bienio progresista se aprobó la ley de ferrocarriles de 1855, que estimuló la construcción de la red viaria básica, pues los progresistas eran decididos partidarios de este medio de transporte. La ley de ferrocarriles fue acompañada de otras dos leyes sobre bancos de emisión y sociedades de crédito para financiar tan ingente obra. La mayor intensidad constructiva se dio en la década que siguió a la ley de 1855, con una media de 450 km por año. A esta rapidez contribuyeron la ayuda estatal, los avances técnicos y el aporte de capital extranjero, sobre todo francés. Se crearon unas veinte compañías ferroviarias, entre las que destacaron la MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), el Ferrocarril del Norte o la de SJC (Sevilla-Jerez-Cádiz).
Preguntas frecuentes para practicar
La economía española en el siglo XIX estuvo marcada por un notable atraso en comparación con otras naciones europeas. Durante las primeras décadas, el desarrollo quedó paralizado debido a las pérdidas económicas y humanas provocadas por la guerra de Independencia, las guerras carlistas y la pérdida de las colonias. Esto generó una escasez de capitales que dificultó la modernización del país y el avance de la revolución industrial.
La agricultura española se caracterizaba por un desigual reparto de la propiedad de la tierra. Se intentó reorganizarla mediante desamortizaciones y la liberalización del suelo y la mano de obra, lo que incrementó la superficie cultivada. Sin embargo, la falta de inversión de capital impidió mejorar los rendimientos agrícolas, lo que contribuyó al atraso económico del país.
La industrialización en España fue limitada. Destacaron la industria textil en Cataluña y la minería y siderurgia en Asturias y el País Vasco. La industria textil, centrada en el algodón, tuvo un crecimiento sostenido gracias al proteccionismo, aunque sufrió crisis debido a la falta de materias primas y la independencia de las colonias. La siderurgia vasca se desarrolló a partir de 1871 gracias a la inversión extranjera, aunque su producción siguió siendo baja en comparación con otros países.
Los principales medios de transporte fueron las carreteras, el ferrocarril y el transporte marítimo. Se amplió la red viaria de 9.000 km en 1840 a 36.000 km a finales de siglo. El ferrocarril comenzó a desarrollarse en 1848 con la línea Barcelona-Mataró, y la red creció rápidamente tras la ley de ferrocarriles de 1855, gracias a la inversión estatal y extranjera. También mejoró el transporte marítimo con la ampliación de puertos.
Aunque hubo mejoras en carreteras y ferrocarriles, el transporte español seguía presentando dificultades. El ferrocarril adoptó un ancho de vía distinto al del resto de Europa, lo que generó problemas a largo plazo. La construcción ferroviaria avanzó rápidamente a partir de 1855, con la participación de empresas extranjeras y la creación de importantes compañías ferroviarias como la MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) y el Ferrocarril del Norte.
